El TIPNIS muestra al Gobierno de cuerpo entero.

Puede que aún con las desatinadas declaraciones de nuestro Presidente Evo, la Cumbre del Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra, efectuada en Cochabamba el pasado 2010, haya tenido el efecto deseado por el Gobierno: Fortalecer su imagen, sobre todo internacional, como líder  en defensa de la naturaleza.  Esa imagen, de por sí un tanto difícil de mantener, tenía que caer tarde o temprano por su propio peso.  Las mismas manos, bravas defensoras  de la Madre Tierra,  hoy firman leyes y contratos en contra de su propia protegida. El pasado Domingo, el Presidente promulgó la Ley de Revolución Productiva, que entre otras cosas, legaliza la introducción de alimentos transgénicos. Sumado a ello, el 3 de Junio, inauguró los procesos necesarios para apurar la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, el cual atraviesa el corazón – perdón si caigo en melodrama – del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

Según Morales, la carretera es un sueño anhelado desde hace casi un siglo. Afirma que su construcción abrirá las puertas al desarrollo estratégico, productivo y comercial de Cochabamba y permitirá la apertura comercial de otros departamentos de Occidente con el Beni, desprendiendo la dependencia comercial con Santa Cruz. La construcción de la carretera se la ha dividido, astutamente dicen algunos, en tres tramos.  Cada tramo debe contar con una licencia ambiental y un estudio técnico para ser llevado a cabo, previa consulta con los pueblos comunarios de la zona afectada. El tramo I, de 47 kilómetros, pasa por Villa Tunari, Chipiriri, Santa Rosa, Eterazama, Samuzabety, Florida e Isinuta; el tramo III, de 82 kilómetros, cruza Monte Grande del Apere, El Retiro, San Ignacio de Moxos. Ambos tramos no presentan inconveniente alguno. El problema está en el tramo II el cual atraviesa el TIPNIS y que a día de hoy no cuenta con licencia ambiental ni estudio técnico. Desde ya, los indígenas del TIPNIS, cerraron filas en rechazo de la construcción del tramo II y organizan, en conjunto con otros sectores, una numerosa marcha que llegará a La Paz en Agosto en oposición a la construcción de la carretera. Entre tanto aún esperan el pronunciamiento del Gobierno para dialogar y encontrar una alternativa.

El costo total de la implementación de la obra es de 415 millones de dólares, de los cuales 322 millones son facilitados por el vecino país  del  Brasil a través de un crédito que el Gobierno central boliviano y las Gobernaciones de Cochabamba y Beni tendrán que pagar. Una suma bastante alta, especialmente para las Gobernaciones departamentales, que comprometerán su presupuesto anual. Como la parte gruesa en términos económicos viene del vecino país, es natural que éste persiga sus propios intereses. La carretera, por ejemplo, favorecería  la unión del Brasil con Chile. No es una novedad, Brasil es una economía emergente con quién es siempre favorable tener buenas relaciones, aunque estas sean complacientes.

El beneficio, sin embargo, puede también ser gratificante para el país. La ruptura del eje troncal del país y un mayor dinamismo e interacción entre los demás departamentos, sobre todo en temas comerciales. Aunque hay quienes afirman que la construcción de la carretera Villa Tunari– San Ignacio de Moxos, no es sinónimo de desarrollo y más bien representa un beneficio negativo para el Estado. La Ingeniera Lía Peñarrieta, con apoyo del Instituto de Ecología y Conservación, el TIPNIS, el SENARP, la ABC, el apoyo técnico de Conservación Estratégica, realizó una investigación donde analiza el costo-beneficio de la instalación de la carretera. Después de varios análisis y cálculos, se llegó a las cifras del Valor Actual Neto (VAN) que alcanzaron la negatividad de menos (-) 44,84 millones de dólares. Manejando algunas hipótesis, se señala que para que la propuesta fuese viable económicamente debería existir un incremento en el tráfico de hasta 350 vehículos por día. Peñarrieta afirmó que, en los cálculos, se tomó un costo base de la carretera en 120 millones de dólares, lo cual dista bastante del costo adjudicado (415 millones de dólares). A esto, si se sumarían los costos ambientales, no incluidos, los resultados económicos alcanzarían una altamente y mayor cifra negativa. Concluyendo que la construcción de la carretera no es viable económicamente.

El beneficio es un tema que aún se puede relativizar bastante. Lo que está claro en este panorama es quién o quiénes salen perdiendo más en esta jugada. Y éstos no son otros más que los habitantes del TIPNIS, propietarios legales de la región a través del DS  22610 de 1990. Once mil habitantes repartidas en 64 comunidades indígenas.

Los indígenas de las zonas bajas representan tan solo un 3% del total de indígenas de Bolivia. En más de una ocasión sus representantes han puesto en evidencia la desventaja en la que si sitúan con relación a los de Occidente. Adolfo Moye, representante indígena de la zona,  afirma que de concretarse la construcción de la carretera, unas 1500 hectáreas de árboles serán deforestadas. Intelectuales, académicos y especialistas en temas de medio ambiente coinciden en considerar a la decisión gubernamental como socioculturalmente etnocida, ambientalmente desastrosa y técnicamente no fundamentada.

Pero eso no es todo. Acá entra un punto bastante polémico, que es el del avasallamiento de los colonos a la zona, principalmente cocaleros del Chapare que llevan asentándose ilegalmente desde hace varias décadas; alentados por la serie de permisividades que gozan de parte del Gobierno y principalmente del Presidente, asumen que tienen privilegios especiales sobre otras comunidades. Los cocaleros ingresan a las tierras del TIPNIS, infringiendo las restricciones legales y utilizan las tierras para sembrar coca. En los últimos años, según palabras de Moye, han destruido más de 80 hectáreas de bosque virgen para realizar plantaciones de coca. La investigadora Marianela Luján, quien realizó una investigación del TIPNIS donde vivió un año, comparte su experiencia: “El colono lotea, comercializa la tierra, donde ve un espacio libre, no hay cultivo o no está un indígena, se lo apropia asentándose en bloque (de 100 personas o más), éste es un aspecto cultural de los cocaleros de avanzar siempre en masa (gran cantidad de personas).  Por su afán de explotar la tierra, la hacen trabajar al máximo, sin el descanso regenerativo, por lo que en el primer año pueden cosechar de cuatro a seis veces; sin embargo, cuando la tierra ya no está apta para continuar utilizándola, la venden a nuevos colonos.”

A estas alturas, donde la aceleración para la ejecución de la obra es evidente, es difícil imaginar un retroceso del Gobierno en el tema. Tanto los intereses del gigante vecino, como el de los del propio Gobierno están demasiado maduros como para caer en saco roto. El propio Presidente fue quién garantizo los requisitos necesarios para consolidar el diseño de construcción íntegra de la carretera al Embajador de Brasil. El Gobierno no dará marcha atrás. El misterio es cómo negociará con los representantes de los habitantes del TIPNIS. Supondría una negociación de tipo chantaje en dos aspectos.  En primer lugar, con un crédito ya aprobado, con la presión de una potencia como el Brasil para efectuar la obra, será un tanto difícil para la parte opositora ofrecer una dura resistencia. Y en segundo lugar, la cosa tiene que pasar por una negociación que favorezca de alguna manera los intereses del TIPNIS. Según sus propios representantes el Gobierno no realizó ningún proyecto de desarrollo social en este sector en los pasados cuatro años. Por acá va la cosa, el Gobierno tendrá que realizar una de sus clásicas donaciones en salud o educación y un mar de promesas, donde la principal será la de no permitir el ingreso de colonos a la región para mantener tranquilos a los indígenas. Habrá que ver cuán cierto pueda ser ello y habrá también que ver cómo hace la carretera para brindar un desarrollo real a las regiones afectadas ya que siempre sabremos que su costo no fue otro más que el sacrificio de una zona protegida.

Anuncios

Todo (me) vale

Nada del otro mundo. Viernes 19:30m, ciudad de La Paz, Zona Sur. Mi salida sorprende al ladrón en su afán de desmantelar mi coche.

Debiera aclarar que la sorpresa fue exclusivamente mía, pues el sujeto, ocupado como estaba en extraer las piezas del motor, puso más bien cara de abatimiento, como quien se resigna a presenciar una rabieta acostumbrada e interrumpir por fuerza su labor.

La impertinencia de mi presencia lo obliga a abordar el vehículo que espera pasos adelante con el motor encendido (vidrios claros, placa reglamentaria) y partir con rumbo desconocido, mientras yo, de sorpresa al espanto… como muchos, cada día.

El Latinobarómetro (un estudio de opinión pública que se aplica anualmente, alrededor de 19.000 personas en 18 países de América Latina, representando a 400 millones de personas) en el informe 15 años monitoreando la evolución de las sociedades latinoamericanas 1995-2010, incluye un apartado en el que mide algunas expresiones éticas/morales de la ciudadanía.

Nada del otro mundo: Bolivia ocupa el primer lugar (con 7,5 en una escala de un máximo de 10) en considerar “totalmente justificable” comprar algo que se sabe robado.

De ahí que los mercados negros tienen tanta legitimidad como la que perdieron las unidades policiales de denuncia por robos de vehículos desde que se supo que, entre sus funcionarios, están algunos de los más fervientes practicantes del delito.

Lo robado, lo trucho, lo chuto, lo ajeno… Matices diferentes para un síntoma: una descomposición social que se alimenta con la institucionalización de la informalidad y la ilegalidad.

Si ante la falta de empleo digno y opciones de desarrollo productivo sostenibles se ha asentado el cuenta-propismo y el rentismo, no es de extrañar que opciones menos formales y más ilegales sean también parte de una estrategia de supervivencia.

¿De qué otro modo entendemos, por ejemplo, que sea una política de Estado autorizar el ingreso al país de mas de 70.000 autos chutos -robados, siniestrados, chatarra-  bajo un régimen de amnistía?, ¿quién se compadece de las consecuencias de una medida que bajo el argumento de legalizar los vehículos ilegales que ya circulan en nuestras ciudades se está emparentando con el robo de autos en países vecinos y está haciendo campear el delito abierto en ciudades intermedias y poblaciones fronterizas a nivel escandaloso?

No obstante,  el rubor no es parte de nuestra práctica ciudadana; la convivencia con el delito, la trampa y la ilegalidad se han naturalizado. El Latinobarómetro desliza otra perla: Bolivia es el primer país de Latinoamerica (6.7 sobre 10) donde mentir para excusarse de faltar al trabajo es “totalmente justificable”. Más trascendente de lo que aparenta, sin duda.

No es asunto de moralismo, y lastimosamente, tampoco de leyes y disposiciones. Se trata de una expresión de fragilidad ciudadana que se agudiza con las señales de debilidad institucional y/o falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Otro estudio, el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad 2011, confirma lo que todos sabemos: que las fuerzas del orden y los partidos políticos están en el último lugar de la confianza de la población y un 33% de los ciudadanos bolivianos no se siente representado por nadie. ¿Cómo renegar, entonces, de las manifestaciones de atropello al bien común, de esa cultura del todo vale, con la que nos relacionamos sin más alternativas?

Declararnos descompuestos, enfermos y preocuparnos por ello, puede ser el primer paso. Claro, para ello se requiere más que autoanálisis, la etapa del diagnóstico está superada. Hace falta más.

El español Fernando Savater diría: “La educación es la esperanza” y efectivamente tendrá que ser así. Pero no solo en las aulas, sino el los hogares, en espacio íntimo donde nos encontramos y confrontamos expectativas con realidades. Las reformas económicas,  las políticas de Estado llegarán tarde, mal o nunca, pero el ejercicio ciudadano no puede claudicar, y eso es educación, educación y más educación.

Savater agrega “La educación es la base de la humanidad democrática, es el fundamento. Los dos grandes enemigos de la democracia en todo el mundo son la ignorancia y la miseria”. No hay duda.

Isabel Mercado

Periodista de PADEM.

Publicado en IDEAS, Página Siete

El noble oficio del columnista

Fazul Abdullah Mohamed, según algunos, cabeza del grupo terrorista Al Qaeda en la región, es muerto en Somalia, trás un enfrentamiento a tiros con la policia.

El Ministro de Interior Somalí, Abdishakur Sheikh Hassan, víctima de un atentado suicida resulta muerto. La ONU condena este hecho.

Los siguientes datos del país africano los proporciona Humberto Vacaflor: Somalia dejó de existir formalmente como Estado en 1991. Es un territorio disputado por ladrones, traficantes de armas, drogas y mujeres. Así es Somalia, país donde, según un periodista español que Vacaflor menciona, en el aeropuerto al turista se le pide informar sobre el calibre de arma que porta.

17 muertos civiles son contabilizados en  Somalia, hermano gemelo de Bolivia, en palabras de nuestro mencionado columnista. Esa, y otras perlas, estilo inconfundible del autor, deja el abogado del diablo en su columna de día domingo, vía -como no podía ser de otra manera- La Prensa.  A disfrutar del antibolivianismo.

Vecinos muy incómodos

Jayme Brasil Garfinkel, presidente de la Federación Nacional de Seguros Generales de Brasil, pidió al canciller de su país, Antonio Aguiar Patriota, que tome medidas urgentes para frenar la decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, “de legalizar los autos robados”.

El matutino El Mercurio de Santiago informó sobre la medida boliviana con este título: “Bolivia legaliza robo de vehículos”. El diario ABC de Paraguay dice en su titular: Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Perú “quieren evitar que Bolivia legalice los vehículos robados”.

Carlos Ominami, exsenador chileno, del Partido Socialista, le dijo al Diario Financiero de Chile que el presidente Morales puso fin a la “diplomacia de los pueblos” porque la policía chilena colaboró con la Interpol en la captura del general René Sanabria. Es decir que nada tiene que ver la agenda de los 13 puntos ni todo lo que se dijo aquí para provocar el cambio en la estrategia marítima, sino la molestia del Gobierno boliviano con la captura de un policía vinculado al narcotráfico.

Mientras todo esto se estaba informando en los cuatro costados de Bolivia, desde Yacuiba se informaba que un asesor del presidente Morales, de nombre Fructuoso Ávila, dueño de la línea aérea El Mosquito, fue detenido porque en uno de sus aviones se encontró rastros de droga, y se denunciaba que un concejal masista de Yacuiba, miembro del grupo de neoliberales infiltrados en el MAS, era el responsable de todo. Y el diputado Wilman Cardozo dijo que entre Ávila y el presidente Morales hay una relación muy estrecha, casi familiar.

La diputada Jessica Echeverría denunció que, en realidad, la fugaz visita del ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, tiene relación con la formación de una escuela de terroristas islámicos en Bolivia. En Argentina, el caso del ministro iraní tuvo el efecto de una luz roja: en el Cono Sur de Sudamérica se ha establecido un nido de terroristas islámicos.

Con todo esto, que es apenas un extracto de lo que se ha dicho en estos días, convendría que el Gobierno comience a dar explicaciones a los bolivianos sobre lo que está haciendo.

Esto sin contar el comentario del canciller chileno, Alfredo Moreno, quien dijo en El Salvador, después de hablar con su colega David Choquehuanca: “La vida es muy dura”. Al parecer le dolió el corazón al haber hecho una exhibición de la calidad de la diplomacia chilena enfrentada a una muy pobre y deficiente representación boliviana.

Mientras me informaba de estas cosas, leía informes sobre el país gemelo de Bolivia, en África. Somalia, que dejó de existir formalmente como Estado en 1991 y es ahora un territorio disputado por los ladrones de automóviles, traficantes de mujeres, de drogas y de armas (Y tiene vecinos que siempre quisieron destruirlo.). Dice un periodista español que cuando se llega a Somalia, en el aeropuerto le piden al turista, además del pasaporte, el calibre del arma que lleva.

Los diarios O Estado de Sao Paulo, El Mercurio, La Nación, ABC y La República, de los países vecinos, informan ampliamente sobre lo que pasa en Bolivia. Para ocultar totalmente lo que pasa aquí, los capitalistas del Orinoco van a tener que invertir también en la compra de esos medios, o ponerle un freno a internet. La compra de muchos medios bolivianos no es suficiente.

hvacaflor@gmail.com

Periodista

Humberto Vacaflor Ganam