El TIPNIS muestra al Gobierno de cuerpo entero.

Puede que aún con las desatinadas declaraciones de nuestro Presidente Evo, la Cumbre del Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra, efectuada en Cochabamba el pasado 2010, haya tenido el efecto deseado por el Gobierno: Fortalecer su imagen, sobre todo internacional, como líder  en defensa de la naturaleza.  Esa imagen, de por sí un tanto difícil de mantener, tenía que caer tarde o temprano por su propio peso.  Las mismas manos, bravas defensoras  de la Madre Tierra,  hoy firman leyes y contratos en contra de su propia protegida. El pasado Domingo, el Presidente promulgó la Ley de Revolución Productiva, que entre otras cosas, legaliza la introducción de alimentos transgénicos. Sumado a ello, el 3 de Junio, inauguró los procesos necesarios para apurar la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, el cual atraviesa el corazón – perdón si caigo en melodrama – del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

Según Morales, la carretera es un sueño anhelado desde hace casi un siglo. Afirma que su construcción abrirá las puertas al desarrollo estratégico, productivo y comercial de Cochabamba y permitirá la apertura comercial de otros departamentos de Occidente con el Beni, desprendiendo la dependencia comercial con Santa Cruz. La construcción de la carretera se la ha dividido, astutamente dicen algunos, en tres tramos.  Cada tramo debe contar con una licencia ambiental y un estudio técnico para ser llevado a cabo, previa consulta con los pueblos comunarios de la zona afectada. El tramo I, de 47 kilómetros, pasa por Villa Tunari, Chipiriri, Santa Rosa, Eterazama, Samuzabety, Florida e Isinuta; el tramo III, de 82 kilómetros, cruza Monte Grande del Apere, El Retiro, San Ignacio de Moxos. Ambos tramos no presentan inconveniente alguno. El problema está en el tramo II el cual atraviesa el TIPNIS y que a día de hoy no cuenta con licencia ambiental ni estudio técnico. Desde ya, los indígenas del TIPNIS, cerraron filas en rechazo de la construcción del tramo II y organizan, en conjunto con otros sectores, una numerosa marcha que llegará a La Paz en Agosto en oposición a la construcción de la carretera. Entre tanto aún esperan el pronunciamiento del Gobierno para dialogar y encontrar una alternativa.

El costo total de la implementación de la obra es de 415 millones de dólares, de los cuales 322 millones son facilitados por el vecino país  del  Brasil a través de un crédito que el Gobierno central boliviano y las Gobernaciones de Cochabamba y Beni tendrán que pagar. Una suma bastante alta, especialmente para las Gobernaciones departamentales, que comprometerán su presupuesto anual. Como la parte gruesa en términos económicos viene del vecino país, es natural que éste persiga sus propios intereses. La carretera, por ejemplo, favorecería  la unión del Brasil con Chile. No es una novedad, Brasil es una economía emergente con quién es siempre favorable tener buenas relaciones, aunque estas sean complacientes.

El beneficio, sin embargo, puede también ser gratificante para el país. La ruptura del eje troncal del país y un mayor dinamismo e interacción entre los demás departamentos, sobre todo en temas comerciales. Aunque hay quienes afirman que la construcción de la carretera Villa Tunari– San Ignacio de Moxos, no es sinónimo de desarrollo y más bien representa un beneficio negativo para el Estado. La Ingeniera Lía Peñarrieta, con apoyo del Instituto de Ecología y Conservación, el TIPNIS, el SENARP, la ABC, el apoyo técnico de Conservación Estratégica, realizó una investigación donde analiza el costo-beneficio de la instalación de la carretera. Después de varios análisis y cálculos, se llegó a las cifras del Valor Actual Neto (VAN) que alcanzaron la negatividad de menos (-) 44,84 millones de dólares. Manejando algunas hipótesis, se señala que para que la propuesta fuese viable económicamente debería existir un incremento en el tráfico de hasta 350 vehículos por día. Peñarrieta afirmó que, en los cálculos, se tomó un costo base de la carretera en 120 millones de dólares, lo cual dista bastante del costo adjudicado (415 millones de dólares). A esto, si se sumarían los costos ambientales, no incluidos, los resultados económicos alcanzarían una altamente y mayor cifra negativa. Concluyendo que la construcción de la carretera no es viable económicamente.

El beneficio es un tema que aún se puede relativizar bastante. Lo que está claro en este panorama es quién o quiénes salen perdiendo más en esta jugada. Y éstos no son otros más que los habitantes del TIPNIS, propietarios legales de la región a través del DS  22610 de 1990. Once mil habitantes repartidas en 64 comunidades indígenas.

Los indígenas de las zonas bajas representan tan solo un 3% del total de indígenas de Bolivia. En más de una ocasión sus representantes han puesto en evidencia la desventaja en la que si sitúan con relación a los de Occidente. Adolfo Moye, representante indígena de la zona,  afirma que de concretarse la construcción de la carretera, unas 1500 hectáreas de árboles serán deforestadas. Intelectuales, académicos y especialistas en temas de medio ambiente coinciden en considerar a la decisión gubernamental como socioculturalmente etnocida, ambientalmente desastrosa y técnicamente no fundamentada.

Pero eso no es todo. Acá entra un punto bastante polémico, que es el del avasallamiento de los colonos a la zona, principalmente cocaleros del Chapare que llevan asentándose ilegalmente desde hace varias décadas; alentados por la serie de permisividades que gozan de parte del Gobierno y principalmente del Presidente, asumen que tienen privilegios especiales sobre otras comunidades. Los cocaleros ingresan a las tierras del TIPNIS, infringiendo las restricciones legales y utilizan las tierras para sembrar coca. En los últimos años, según palabras de Moye, han destruido más de 80 hectáreas de bosque virgen para realizar plantaciones de coca. La investigadora Marianela Luján, quien realizó una investigación del TIPNIS donde vivió un año, comparte su experiencia: “El colono lotea, comercializa la tierra, donde ve un espacio libre, no hay cultivo o no está un indígena, se lo apropia asentándose en bloque (de 100 personas o más), éste es un aspecto cultural de los cocaleros de avanzar siempre en masa (gran cantidad de personas).  Por su afán de explotar la tierra, la hacen trabajar al máximo, sin el descanso regenerativo, por lo que en el primer año pueden cosechar de cuatro a seis veces; sin embargo, cuando la tierra ya no está apta para continuar utilizándola, la venden a nuevos colonos.”

A estas alturas, donde la aceleración para la ejecución de la obra es evidente, es difícil imaginar un retroceso del Gobierno en el tema. Tanto los intereses del gigante vecino, como el de los del propio Gobierno están demasiado maduros como para caer en saco roto. El propio Presidente fue quién garantizo los requisitos necesarios para consolidar el diseño de construcción íntegra de la carretera al Embajador de Brasil. El Gobierno no dará marcha atrás. El misterio es cómo negociará con los representantes de los habitantes del TIPNIS. Supondría una negociación de tipo chantaje en dos aspectos.  En primer lugar, con un crédito ya aprobado, con la presión de una potencia como el Brasil para efectuar la obra, será un tanto difícil para la parte opositora ofrecer una dura resistencia. Y en segundo lugar, la cosa tiene que pasar por una negociación que favorezca de alguna manera los intereses del TIPNIS. Según sus propios representantes el Gobierno no realizó ningún proyecto de desarrollo social en este sector en los pasados cuatro años. Por acá va la cosa, el Gobierno tendrá que realizar una de sus clásicas donaciones en salud o educación y un mar de promesas, donde la principal será la de no permitir el ingreso de colonos a la región para mantener tranquilos a los indígenas. Habrá que ver cuán cierto pueda ser ello y habrá también que ver cómo hace la carretera para brindar un desarrollo real a las regiones afectadas ya que siempre sabremos que su costo no fue otro más que el sacrificio de una zona protegida.

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